El apagón analógico es el cese de las emisiones analógicas, que darán paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT). En México, esto se dará el 31 de diciembre de 2015.
Para está fecha toda la población deberá contar con televisiones adaptadas para TV digital o bien, contar con los convertidores necesarios, de otro modo no se podrá ver la señal de televisión abierta.
México es el primer país en desarrollo que inició la transición a la TV digital. En 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, se fijó el 31 de diciembre de 2015 como la fecha fatal para el apagón analógico, pero una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso el inicio del proceso hasta 2012. Por consiguiente, se veía difícil cumplir con aquel plazo de 2015, y en especial era cuestionable gastar en esta transición en lugar de invertir en llevar internet a los mexicanos.
La reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 retomó el citado plazo fatal, aunque sólo se tendrían 18 meses para concretar el apagón. Sin embargo, no debe olvidarse que en 2015 hubo contienda electoral, por lo que regalar cosas a nombre del gobierno nunca lo despreciaría el partido en turno, como lo mostró este caso. Así que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, decidió regalar televisores en lugar de entregar decodificadores como se había hecho antes, pasando por alto tres cosas: que el costo de los televisores y su distribución alcanzará alrededor de 30 mil millones de pesos, que los desechos de las TV analógicas causarán afectación ambiental, y que los análisis previos de la comisión intersecretarial habían descartado la entrega de televisores.
La justificación de dar televisores fue que “pueden usarse como dispositivos de acceso a internet, [porque] tendrán la conectividad para que el usuario pueda conectarse a internet” (Ruiz Esparza 20.05.2014) y porque presumiblemente se reduciría el consumo de electricidad. Lo cierto es que los televisores no tienen la funcionalidad de dar acceso a internet; el usuario debe comprar un dispositivo especial, además de contratar el acceso a la red, y lo de la electricidad sólo puede admitirse como dogma de fe.
Debe decirse que en otros países se han dado apoyos para ese propósito a familias de escasos recursos, pero existen dos grandes diferencias con México: ningún país de los que han efectuado apagón analógico regaló televisores ni tiene tan elevado número de población en estado de pobreza. Si a esto se agrega que los obsequios fueron hechos durante el proceso electoral del presente año y que muchos llevaban la frase “Mover a México”, la equidad de la contienda está en duda.
La SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones han manifestado en distintas ocasiones que todo va por buen camino para materializar el apagón el 31 de diciembre próximo. No obstante, el pasado 21 de octubre, tras una declaración del presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, varios senadores comenzaron a hablar sobre un aplazamiento del apagón analógico a través de una reforma constitucional, bajo el argumento de que muchos mexicanos se quedarían sin acceder a la TV abierta. No deja de llamar la atención por qué, si las autoridades dicen que todo va bien, los senadores buscan retrasar el apagón. ¿Qué escenarios hay hacia adelante?
Si se posterga el apagón analógico: 1) se confirma que en México la Constitución no es más que un conjunto de intenciones que pueden cambiarse según convenga a los intereses políticos y económicos; 2) Cadena Tres, de Olegario Vázquez Aldir, quien pagó mil 808 millones de pesos por la concesión para una cadena nacional de TV digital, podría demandar indemnización al gobierno mexicano por modificar las condiciones de la licitación, y 3), se incumple el tratado internacional con Estados Unidos en el que México se comprometió a liberar la banda de 700 MHz tras el apagón, cual resulta indispensable para que aquel país realice sus licitaciones de espectro incentive auctions.
En cualquiera de los escenarios expuestos, la mayoría de las televisoras a cargo del gobierno no tendrán los recursos para cambiar su tecnología a fin de transmitir en señal digital porque el Congreso omitió destinar partidas presupuestales para esos efectos. Y sin recursos para digitalizarse su destino es la muerte.
Ante este panorama se impone la necesidad de hacer una revisión profunda y seria respecto a los responsables de la transición a la TV digital, el despilfarro de recursos con cargo al erario, el enturbiamiento de la contienda electoral, las mentiras sobre los televisores con acceso a internet, el perjuicio al medio ambiente al no haberse contado con un plan previo de manejo de desechos junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, etcétera… ¿Habrá rendición de cuentas y, en su caso, sanción a los responsables?
vía: proceso
